Los nuevos informes estadísticos oficiales que se conocieron en los últimos días no hicieron más que confirmar el cuadro general de situación que muchos expertos habían anticipado por meses respecto de la gravedad del panorama social que enfrenta la Argentina, y especialmente, en nuestra provincia.
En particular, han repercutido con profundidad y alarma en la opinión pública tucumana los datos respecto de que el trabajo informal afecta a más del 40% de los trabajadores del norte argentino. Problemática persistente en todo el país, es sin embargo el norte, la región que encabeza el podio de la informalidad laboral donde se destacan en este ranking las provincias de Santiago del Estero, Salta y Tucumán.
Según reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) el cuadro de informalidad laboral estaría evidenciando que en ese espacio está concentrado el núcleo duro de la pobreza, toda vez que la falta de estabilidad laboral torna más vulnerables a los jefes de hogar de las familias. Y de acuerdo con esos informes oficiales, el “trabajo en negro” en Tucumán alcanzó al 42% de los asalariados del distrito, lo que implica que prácticamente la mitad de la población económicamente activa -nada menos- se encuentra entre los bordes críticos de la escala social.
Esas cifras representan que gran parte de estas 112.000 personas no registradas formalmente por sus empleadores o que trabajan por su cuenta sin los recaudos de legalidad, ganan menos de los $ 11.560 mensuales que se requieren para no ser considerados en condición de pobreza, según señala el organismo estadístico.
La publicación de estos informes no solo llegan ahora para corroborar los indicios que venían comunicando la Comisión de Pastoral Social del Episcopado Argentino y la Universidad Católica Argentina (UCA), que ya señalaban que la pobreza llegaba al 27,5% de la población argentina en 2013 en la medición del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, junto a las publicaciones de respetadas consultoras sobre un dramático panorama social que se concentró y creció en los últimos años, sino que también pueden considerarse como un argumento definitivo si cabe para terminar de echar por tierra aquellos mensajes que marcaban solidez y fortaleza económica y social difundidos -falsamente, se ve ahora- por el Gobierno de la Presidenta Cristina Kirchner.
Otra evidencia que se transmite con estas publicaciones es que se pone de manifiesto una problemática de características estructurales y profundas que, en el caso específico del “trabajo en negro” demanda y exigirá para comenzar a resolverlo una serie de políticas públicas de gran valor y sistemática permanencia en la agenda y fuertes inversiones en desarrollo de parte de los sectores privados.
Es que el Indec señala que este cuadro de situación de naturaleza crítica, dolorosa y persistente viene manteniéndose desde hace tiempo y que ni siquiera en los años del “viento de cola” y del crecimiento a “tasas chinas” que experimentó el país no han servido para resolver la matriz o el perfil regional que se estancó y provocó este trance afligente.
El cuadro de informalidad laboral sin cambios desde hace varios años y una situación de pobreza estructural angustiosa (llega a unos 300.000 habitantes en Tucumán, casi a los niveles del promedio nacional del 32%; la indigencia golpea a más de 40.000 personas) deberían transformarse en un diagnóstico más que suficientes para que el Gobierno provincial junto a los principales actores económicos y sociales se pongan a trabajar en unívocamente y de una vez por toda para encarar esta crisis que agobia el presente, confunde las perspectivas, condiciona el futuro y solo genera incertidumbre en miles de tucumanos.